Iberdrola subirá sus tarifas industriales y paralizará nuevos proyectos renovables tras el decretazo de Ribera

Iberdrola revisará al alza las tarifas de clientes industriales y grandes empresas con contratos a largo plazo afectados por las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para amortiguar la subida de la luz, al tiempo que ha decidido paralizar nuevos proyectos renovables por la bajada de su rentabilidad en el negocio. En concreto, el Ejecutivo meterá un ‘tijeretazo’ de 3.300 millones a las grandes eléctricas tras obligarlas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan.

Esta medida levantó las críticas de la práctica totalidad del sector por considerar que ataca a la viabilidad de los contratos bilaterales de suministro cerrados hace meses a precios fijos y muy inferiores a los que del pool, actualmente en máximos históricos.

Tras la entrada en vigor del real decreto, Iberdrola está informando por carta a los grandes clientes de que esta normativa «impone» un coste a las citadas plantas que se calcula como la diferencia entre el precio actual del pool y una situación de precios inferiores basada en un menor coste del gas natural, han explicado desde la eléctrica.

«Muchas instalaciones sin emisiones contaminantes que ya tenían cerrado un precio fijo a largo plazo con clientes y por lo tanto no ingresan los elevados precios del mercado spot, se van a ver afectadas por este nuevo pago», según la compañía.

Ese nuevo «nuevo coste» representará más de 70 euros/megavatio hora (MWh) y, considerando el precio del suministro de electricidad establecido en el contrato, «se produce una situación de manifiesto desequilibrio» por una circunstancia «extraordinaria, imprevisible y sobrevenida» que hace insostenible su continuidad (de las prestaciones del contrato) en las condiciones económicas aplicadas, señala Iberdrola en las cartas.

Negociar las condiciones económicas

«La voluntad es el mantenimiento del contrato en condiciones en las que quede restablecido el equilibro económico, por ello les emplazamos a negociar las condiciones de económicas que se aplicarían de forma temporal para el periodo en que estén vigentes los efectos de las medidas del real decreto-ley», añade Iberdrola.

La eléctrica apunta en sus misivas que, en todo caso y sin perjuicio de su aplicación temporal, en el momento en que estas medidas pudieran ser revertidas por decisión del Gobierno o de los tribunales «se procederá a regularizar el precio procediendo a la devolución del importe que corresponda».

Paralización de los procesos de licitación

Por otra parte, ha informado a sus proveedores de que ha decidido paralizar los procesos de licitación en curso de bienes y servicios asociados a la construcción de nuevos proyectos renovables en España hasta haber llevado a cabo una evaluación en detalle de su viabilidad económica tras la entrada en vigor del real decreto.

Según la compañía, esta decisión es el resultado de un primer análisis sobre el impacto que el real decreto tiene respecto a la rentabilidad de instalaciones renovables (muchas de las cuales se construyen mediante contratos de suministro a largo plazo conocidos como PPA). En la comunicación, la compañía detalla que quedan excluidos de la paralización los proyectos que tengan reconocido un marco retributivo (subastas o primas).

Ribera analiza las cartas

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el Gobierno ve con «cierta preocupación» las cartas que están enviando las eléctricas a sus clientes con revisiones de tarifas que, a su juicio, no están justificadas y por eso están analizando la situación.

«Es probable que la revisión de las tarifas la tuvieran planteada incluso antes de la adopción de estas medidas, pero queremos entender qué es lo que están haciendo y por qué, porque pensamos que no está justificado este anuncio», ha dicho la ministra durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso. «Creemos que si hay algún tipo de problema no puede ser algo que perjudique ni a consumidores ni a industriales ni a trabajadores, con los que tenemos la obligación de hablar para tender lo que está ocurriendo y cómo podemos reaccionar», ha añadido.